UN AÑO DESPUÉS DE LA MUERTE DE CINCO ADOLESCENTES EN EL CENTRO DE CUMPLIMIENTO DE TOCUMEN
Por el caso hay doce acusados, entre ellos nueve funcionarios de la Policía Nacional, la exdirectora del centro y dos custodios civiles.
Al cumplirse un año de los hechos ocurridos el 9 de enero de 2011 en el Centro de Cumplimiento de Tocumen, en los que siete adolescentes se quemaron y cinco de ellos murieron, el Ministerio Público (MP) no ha completado aún la investigación que incluye a doce imputados: nueve policías, dos custodios civiles y la exdirectora de dicho reclusorio.
Los más de 20 recursos legales presentados por la defensa de los imputados ante el Segundo Tribunal Superior y la Corte Suprema de Justicia, además del silencio o la poca colaboración que ha dado a la Fiscalía Primera Superior la mayoría de los 70 testigos citados, en su mayoría policías e internos del centro, mantienen la averiguación prácticamente estancada.
Después de los nueve primeros meses de investigación, el expediente del caso pasó al Segundo Tribunal para resolver una serie de recursos legales y no fue sino hasta finales de noviembre pasado cuando la fiscal Geomara Guerra lo retomó.
Entre los recursos interpuestos, el Segundo Tribunal negó las peticiones de los imputados para que les sustituyera la detención preventiva por medidas cautelares menos severas.
Sin embargo, luego de recibir el expediente otra vez, la fiscal tomó vacaciones en diciembre y el caso está ahora en manos de Dayra Botello, encargada del despacho.
Y cuando se pensó que el escollo de los recursos legales había sido superado, la defensa de los nueve policías interpuso la semana pasada otro incidente, esta vez contra la decisión del Segundo Tribunal que rechazó la solicitud para sustituir la detención preventiva.
¿Sabotaje?
Para el Comité de Apoyo a los Familiares de las Víctimas, la Policía Nacional (PN) se ha convertido en el principal obstáculo del proceso.
De hecho, el presidente del Comité de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados y uno de los voceros de los afectados, Carlos Herrera Morán, denunció que la policía se ha encargado de “sabotear” y retardar las investigaciones.
Detalló, en ese sentido, que además de los recursos legales interpuestos por los abogados de los policías, la propia institución ha impedido que se realice una serie de pruebas que pueden implicar aún más a los nueve uniformados.
Como ejemplo, Herrera Morán citó las dificultades que han tenido los peritos explosivistas del Ministerio Público para hacer las experticias sobre las bombas lacrimógenas arrojadas por los policías en la celda donde se quemaron los adolescentes.
Precisó que en tres ocasiones la PN ha impedido que se realicen estas pruebas. La primera vez envió a los peritos una bomba lacrimógena con desperfectos y oxidada, y las otras dos veces (la última de ellas el pasado 28 de diciembre) informó a la fiscalía que ya no tenía bombas similares a las utilizadas durante la reyerta del 9 de enero en la armería de la institución.
Como consecuencia de ello, la fiscalía no ha fijado aún una nueva fecha para concluir esta experticia.
“Esto es un sabotaje a las investigaciones. Por eso vamos a pedir una inspección a la armería de la PN”, añadió Herrera Morán.
Otro aspecto que según los abogados de las víctimas mantiene en suspenso las pesquisas es la polémica sobre la idoneidad de los peritos de Criminalística usados por la fiscalía para la realización de pruebas.
Benito Mojica, uno de los representantes legales de los policías, cuestionó la idoneidad de Eric Portugal, basado en una declaración que este mismo funcionario dio a la fiscalía en cuanto a que no tenía la certificación académica que lo acreditaba como perito. Portugal está adscrito a la Subdirección de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf).
Sin embargo, el director del Imelcf, Humberto Mas, afirmó que todos los peritos que intervinieron en el caso son idóneos.
Según Mas, la Ley 69 de diciembre de 2007, que creó la Dirección de Investigación Judicial en reemplazo de la Policía Técnica Judicial (PTJ), mantuvo la idoneidad a todos los peritos forenses que formaban parte de esa desaparecida entidad y que fueron transferidos a la subdirección de Criminalística del Imelcf.
En total, 250 peritos forenses de la antigua PTJ pasaron a Criminalística con sus rangos, sueldos e idoneidad, entre ellos Eric Portugal, añadió Mas.
Para el 16 de este mes, los abogados de las víctimas tienen programado repreguntar a Mas sobre este aspecto.
DEMOLICIÓN
El Comité de Apoyo a los Familiares de las Víctimas pidió al Ejecutivo que ordene el cierre inmediato y su posterior demolición del Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen, al que llaman la cárcel Modelo de Menores, todo “un antro de violación de los derechos humanos”.
Además, solicitó al Órgano Judicial la derogatoria de la Ley 74 de 2010, que impide que los funcionarios de la PN sean detenidos en cárceles antes de que concluyan los procesos en que se vean involucrados.
Sobre este particular, Herrera Morán recordó que demandó esta norma ante la Corte por inconstitucional,y que el propio procurador de la Nación, José Ayú Prado, consideró que la ley crea fueros y privilegios, por lo que apoya su derogatoria. La demanda está en el despacho del magistrado Jerónimo Mejía.
FALTA CELERIDAD
En tanto, Julia Mosquera, madre de uno de los jóvenes fallecidos tras el incendio (Eric Alexis Batista Mosquera), dijo sentirse decepcionada por la lentitud con que se ha manejado la investigación del caso.
Dijo, además, que espera que se haga justicia y se castigue a los responsables de la muerte de su hijo.
“Mi hijo y los que murieron estaban pagando por sus faltas, y por eso es justo que los responsables de sus muertes también paguen ante la justicia”, señaló.
Destacó que en el año que ha pasado desde que ocurrieron los hechos, ningún funcionario del Gobierno se le ha acercado para apoyarla ni darle una explicación.
“Todos los gastos del sepelio los cubrimos nosotros; solo nos apoyó el comité de derechos humanos”, indicó.
Por su parte, la fiscal Botello consideró que a pesar de que la investigación lleva un año, esta se ha realizado objetivamente y, contrario a las denuncias de los abogados de las víctimas, dijo estar satisfecha con la colaboración de la PN.
A su juicio, la PN no ha sido un obstáculo; por el contrario, afirmó que ha respondido todas las solicitudes que se le ha realizado, “tal como consta en autos”.
Se buscó una respuesta del abogado de los policías, Benito Mojica, pero este no respondió a los muchos llamados que se le hicieron a su teléfono celular durante toda la última semana.
La fiscal dijo, además, que las autoridades del centro también han colaborado en todo lo que se les ha pedido.
“Los 12 acusados tienen medidas cautelares de diferentes tipos: dos de ellos detención preventiva ambulatoria y los otros 10 medida cautelar privativa de libertad. No hay sumariados en libertad sin medida cautelar en este caso”, puntualizó.
Los policías acusados son Joel Rodríguez, Maikol González, Luis Ortega, Ernesto Blake, Eduardo Enrique Barreno, Ángel Batista, Luz María Padilla, Eduardo Valdés y Darío Caballero.
La exdirectora del centro es Iris Cedeño, y los custodios Guillermo Ábrego y Alexander De Gracia.
Cedeño y Blake, este último por enfermedad, son los únicos que no tienen detención preventiva.
Los otros ocho funcionarios de la PN permanecen detenidos en el cuartel central de la PN, amparados en la Ley 74 de 2010.
Mientras tanto, los dos custodios civiles se encuentra detenidos en la celda que se conoce como Guantánamo, donde están recluidos los policías que cumplen condenas en La Joya.
Botello añadió que en el expediente constan las declaraciones de 74 personas y que aún falta por tomar otros testimonios, incluyendo el de algunos peritos.
La funcionaria dijo que a pesar de lo voluminoso del expediente y de que durante este mes se tiene proyectado hacer una gran cantidad de pruebas solicitadas por las partes, no se tiene prevista una fecha exacta para elaborar la vista fiscal del caso.
Explicó que, de acuerdo con el artículo 2033 del Código Judicial, no puede solicitar una prórroga para continuar con las averiguaciones, porque en el proceso 10 de los 12 imputados tienen medidas cautelares privativas de libertad.
En relación con la gran cantidad de recursos legales interpuestos en el proceso, sostuvo que falta por resolver un incidente de controversia que está en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, relacionado con una apelación presentada por la propia fiscalía contra una decisión del Segundo Tribunal. A este se suma el nuevo recurso presentado la semana pasada por la defensa de los policías.
ACUSACIONES
Mediante resolución del 14 de enero de 2011, la fiscalía formuló cargos por homicidio al subteniente Joel Rodríguez y el agente Maikol González. Luego, el 25 de enero acusó por homicidio y homicidio en grado de tentativa a Iris Cedeño, exdirectora del Centro; Luis Ortega, jefe de la zona policial de Tocumen; Ernesto Blake, jefe de la seguridad perimetral del centro; Alexander De Gracia, asistente del jefe de los custodios; al cabo Eduardo Enrique Barreno y al custodio Guillermo Erasmo Ábrego, quien estaba a cargo de las llaves de las celdas.
Cedeño, Ábrego, De Gracia y Barreno también fueron acusados por castigo infamante, vejación y medidas arbitrarias.
Luego, en marzo de 2011, la fiscalía decretó la detención preventiva de Ángel Batista, Luz María Padilla, Eduardo Valdés y Darío Caballero, los últimos en ser identificados en los videos que tomaron TVN y Telemetro sobre los sucesos.
En su declaración, Cedeño aseguró que no percibió que estuviese en peligro la vida de alguna persona.
Blake, en cambio, dijo que los menores estaban amotinados, lanzaban cartuchos con orine y heces fecales. Ambos están libres.
Sobrevivientes siguen luchando
Después de que estuvieron a punto de morir al igual que sus compañeros Eric Batista, José Frías, Benjamín Mojica, Víctor Jiménez y Omar Ibarra, los sobrevivientes Cristian Mora y David Ríos Suazo, hoy día mayores de edad, siguen sufriendo las secuelas de aquellos sucesos.
De hecho, los familiares de Mora hacen esfuerzos incluso para comprar las medicinas que necesita.
Este joven no ha recibido aún atención sicológica para mitigar el trauma que le ocasionó el incendio.
Actualmente, Mora toma un curso de chapistería y mecánica.
Mientras tanto, Ríos Suazo quedó más “resentido socialmente” después de pasar por lo ocurrido, según contó su abogado Pablo Quintero Reyes.
Después de los hechos ha enfrentado dos procesos por llevar marihuana, casos que están en la Fiscalía de Drogas.
Además, se le abrió un proceso por violencia doméstica tras agredir a su padrastro. Debido a ello, el Juzgado de Cumplimiento de la jurisdicción de menores solicitó que se le revocara la libertad condicional, pero la medida fue apelada. Mientras, el joven acude cotidianamente a una iglesia evangélica donde se bautizó para encarrilar su vida, dijo su abogado.
Fuente: La Prensa
